Para las centrales sindicales, el Plan Hidrológico "supone la continuidad de una política hidráulica basada en el crecimiento contínuo de la oferta, sólo viable si el agua fuera un recurso prácticamente ilimitado".

"Su principal objetivo sigue siendo la construcción de embalses, encauzamientos y trasvases, haciendo cada vez más insostenible el uso de un recurso crecientemente escaso. Su enorme coste social, económico y medioambiental beneficiará sobre todo a las empresas constructoras, as compañías eléctricas y los grandes propietarios agrícolas", señalan CCOO y UGT en un comunicado.

Los sindicatos añaden que "la falta de consideración del dominio público hidráulico y la posible privatización tendrán consecuencias inaceptables en la gestión de un bien de primera necesidad".

Por ello, califican de "inaceptable" el Plan Hidrolígico Nacional por el que ha optado el Gobierno, y le instan a "modificar en profundidad" su proyecto y "reorientar su política hidrológica", para lo que pien al Consejo Nacional de Agua "la democratización de los órganos de gestión" y la "revisión completa de las cuentas del trasvase Ebro-Júcar-Segura".