El Ministerio para las Administraciones Públicas acaba de remitir a los sindicatos de funcionarios los datos sobre los que debería realizarse la negociación de la cláusula de revisión, en los que se detalla que las derivas retributivas registradas a lo largo del 95 hicieron que la masa salarial aumentara 1,47 puntos por encima del 3,5 por cien presupuestado. Por tanto, el sueld medio habría crecido un 4,97 por ciento, frente a una inflación del 4,3 por cien.

En consecuencia, unos 673.000 funcionarios y empleados laborales de la Administración Central no tendrían derecho a la cláusula de revisión salarial prevista en el acuerdo trianual firmado por el Gobierno y los sindicatos de la función pública, ya que en él se establecía que no habría revisión si la masa salarial crecía por encima del IPC real.

Sin embargo, Enrique Arnau, dirigente de CCOO de la Administración, señló a Servimedia que, según sus estimaciones, el Gobierno debe pagar una compensación del 0,6 por ciento, equivalente a una paga adicional de 11.301 millones de pesetas para el conjunto de los empleados públicos de la Administración Central.

La diferencia de estimaciones radica en que, según CCOO, el Gobierno no debe incluir, en el incremento global de la masa salarial, partidas concedidas al margen de los sindicatos que negociaron el acuerdo retributivo trianual, como ocurre con la subida aplicada a ls médicos tras su huelga, que supuso 3.500 millones de pesetas de gasto adicional.

A su vez, Juan Antonio Gilabert, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT, subrayó a esta agencia que su central exigirá la revisión al Gobierno que salga de las elecciones del próximo domingo, aunque señaló que todavían no han calculado cuál es la compensación a la que tendrían derecho los funcionarios.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas consultadaspor Servimedia indicaron que no hay "nada definitivo" y que "siguen negociando" con los sindicatos, si bien los contactos con las centrales se han mantenido hasta ahora a un nivel informal, ya que la mesa de negociación no ha sido convocada.

Por esa razón, la inminente celebración de elecciones y la práctica imposibilidad de cerrar un acuerdo antes del 3 de marzo hacen que la eventual negociación de la cláusula, a la que los sindicatos no renuncian, quede para el próximo gobierno, sea del signo polítio que sea.