En esta carta, firmada por los secretarios de Acción Sindical de las dos centrales, Ramón Górriz (CCOO) y Toni Ferrer (UGT), los sindicatos mayoritarios critican que la actuación de diversos responsables del Ministerio "están generando una importante confusión en las referencias a tener en cuenta para determinar los incrementos salariales".

Górriz y Ferrer trasladan su "malestar" a la vicepresidenta segunda del Gobierno por las respuestas dadas por el director general de Presupuestos y por la directora del Gabinete del secretario de Estado de Economía a las dudas expresadas por organizaciones empresariales.

En concreto, critican que el responsable de Presupuestos afirme que para cifrar el deflactor del consumo privado se usa la media anual, en lugar de la tasa interanual del mes de diciembre.

Asimismo, lamentan que la máxima responsable del Gabinete del secretario de Estado haya respondido que la inflación de este año va a ser "muy reducida", a pesar de que "la necesidad de credibilidad" de la política monetaria que fija un objetivo de IPC en el entorno del 2%.

Los sindicatos alertan de que estas respuestas están siendo utilizadas por parte de los empresarios en las mesas de negociación, "con la pretensión de perjudicar los intereses de los trabajadores afectados".

Por esta razón, afirman que "suponen una intromisión inadmisible en el ámbito de la negociación colectiva, cuya responsabilidad compete constitucionalmente a los representantes de los trabajadores y empresarios".

En este sentido, recuerdan que la responsabilidad de los poderes públicos en esta materia es exclusivamente "la de hacer efectivo el mencionado derecho, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten".

Górriz y Ferrer subrayan en su carta a la ministra que el dato que en el marco de los acuerdos de negociación colectiva (AINC) se utiliza para calcular el incremento salarial es el del objetivo de inflación que fija el Banco Central Europeo, que es del 2%.

Además, afirman que este objetivo es utilizado como previsión de inflación por el propio Gobierno en documentos oficiales, principalmente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, como el proyecto de presupuesto de la Seguridad Social para este año.

Ante esta situación, los dirigentes sindicales reclaman al Ministerio "que no vuelvan a producirse en lo sucesivo situaciones como las señaladas, que suponen una injerencia de la autonomía de los interlocutores sociales en el desarrollo de los procesos de negociación colectiva, y de la libertad sindical, además de tener serias implicaciones sobre la actividad económica del país".