Según declaró a Servimedia el secretario de Acción Sindical de la Federación de Administración Pública de CCOO, Enrique Arnau, esta queja se enmarca dentro de una campaña de sensibilización que están preparando los sindicatos para presionar al Gobierno a que cumpla su compromiso y remita al Parlamento el proyecto de ley del Estatuto de la Función Pública, que fue acordado con los sindicatos en febrero del 98.

Arnau, que denunció el retraso del Gobirno para remitir el Estatuto al Parlamento y ve injustificado que no se haya hecho en todo este tiempo, indicó que, aunque la resolución de la OIT no tiene eficacia jurídica, si da la razón a los sindicatos, "supone que la instancia superior en materia de relaciones laborales internacionales le diga al Gobierno que no lo está haciendo bien".

Según Arnau, la campaña de sensibilización, que todavía están configurando los sindicatos, se llevará a cabo en el mes de junio y consistirá, además, en cartelesdípticos, entrevistas con los grupos parlamentarios para pedirles que respalden el Estatuto y asambleas explicativas en los centros de trabajo. Agregó que esta campaña no va dirigida sólo a los empleados públicos, sino al conjunto de la sociedad.

Aunque reconoció que prácticamente ya no hay tiempo material para aprobar el Estatuto en esta legislatura, afirmó que "es mejor que el proyecto entre en el Parlamento, aunque quede a mitad en su tramitación, a que no entre y el nuevo Gobierno que salga de la próximas elecciones generales quiera cambiar el anteproyecto que nunca entró en el Parlamento".

POSICION DEL GOBIERNO

Por su parte, un portavoz del Ministerio de Administraciones Públicas atribuyó este retraso en remitir el Estatuto al Parlamento a que el Gobierno quiere que sea un texto de consenso, por lo que está reuniéndose con los diferentes grupos parlamentarios. Reconoció que hay problemas para ello, sobre todo con el PSOE.

"El Ministerio quiere tener la garantía por parte de los partids políticos de que se va a aprobar en el Parlamento, porque la idea es sacar un texto consensuado para que, si hay algún cambio de Gobierno, ello no afecte a los empleados públicos", indicó el citado portavoz.

PSOE Y CiU

José Luis Rodríguez Zapatero, responsable de Administraciones Públicas en el PSOE, declaró a esta agencia que "es el Gobierno quien no parece tener voluntad política de remitir el Estatuto a la Cámara". Reconoció que ha habido contactos con su grupo para buscar el consenso, pero reclcó que "es en el Parlamento donde se hará el trámite legislativo y donde se fijan las posiciones".

Rodríguez Zapatero explicó que, hasta que su grupo parlamentario no conozca el texto que remita el Gobierno al Parlamento, "no podremos decir si hacemos o no una enmienda a la totalidad. Nosotros podemos estar a favor o en contra, pero cuando esté el texto en el Parlamento".

La responsable de temas de Administraciones Públicas de CiU, Carmen Laura Gil, también cree que después de los cambios habido en el Ministerio de Administraciones Públicas y los problemas con el PSOE para consensuar el texto, sería "aconsejable" dejar la tramitación del Estatuto para la próxima legislatura, y está convencida de que el Gobierno así lo hará.

Gil reprochó al PSOE su negativa a discutir el Estatuto con el ministerio, y dijo que no podrá mantener su "cerrazón" en la nueva legislatura. Explicó que el Gobierno podría sacar adelante el texto, pero no con el consenso suficiente ante los empleados públicos. En su opiión, habría que lograr el máximo consenso, porque el Estatuto debe perdurar muchos años.