Así se pronunciaron ambos sindicatos en un comunicado después de que el Tribunal Constitucional convocara un pleno, finalmente aplazado al próximo lunes, "para impedir esta tarde el normal desarrollo de la actividad legislativa en el Congreso de los Diputados", que aprobó una reforma legal, para entre otras cosas, modificar la mayoría necesaria para renovar el propio Tribunal Constitucional.

Para los sindicatos, "este tipo de maniobras solo responden a un ánimo de obstruir" un procedimiento legislativo con el que se pretendía acometer la reforma de unos órganos judiciales y constitucionales que, a su juicio, "es ineludible y más necesaria que nunca tras varios años de bloqueo".

Por este motivo, reclamaron "el respeto absoluto a la soberanía nacional, que 'reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado', tal y como detalla la Constitución Española, porque es la mejor garantía para la independencia de esos poderes".

"Hubiera resultado inaceptable que algunos de los magistrados con un marcado sesgo ideológico afín a la oposición, con cuatro de sus miembros con el mandato caducado desde junio, entre ellos su presidente, y bloqueando su renovación, hubieran interrumpido el funcionamiento democrático de la Cámara Baja, en la que se encuentran los representantes legítimos del pueblo español", alertaron los sindicatos.

Ante el aplazamiento de ese Pleno del Tribunal Constitucional para el lunes, esperan que "se atenga al papel que la Constitución le tiene encomendado y que se abstenga de realizar injerencias que sentarían un mal precedente, con el subsiguiente daño a la calidad democrática de nuestro país".

"Los más de cuatro años de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional perpetrado por la derecha política y judicial son ya de por sí insoportables en términos de calidad democrática y del respeto institucional entre los poderes del Estado, como para seguir escalando en gravedad con decisiones como esta, que hubiera vulnerado flagrantemente la voluntad de la soberanía popular representada en el Congreso de los Diputados como Poder Legislativo", argumentaron.

Subrayaron que ese Poder Legislativo, compuesto por el Congreso de los Diputados y por el Senado, es el elegido directamente por la ciudadanía cuando vota en las elecciones generales y el que, desde la Cámara Baja, elige al presidente del Gobierno, que a su vez nombra al Consejo de Ministros, conformando así el Poder Ejecutivo. A su vez, ese mismo Poder Legislativo, desde su composición fruto de las elecciones generales y desde procesos de elección de mayorías cualificadas tendentes al consenso, ejerce sus competencias en la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno del Poder Judicial.

"La derecha política y judicial debe respetar la división de poderes del Estado y su institucionalidad, y sobre todo, debe comportarse de manera democrática en el respeto a la soberanía popular, de la que emanan todos los poderes del Estado a partir del resultado de las elecciones generales. Por la vía de los hechos, con el pertinaz bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, manifiestan claramente su desprecio al respeto institucional entre los poderes del Estado y al resultado de las urnas que se inclinan hacia una composición progresista en esas renovaciones", concluyeron.