Ambas centrales se oponen al despido de trabajadores que incumplan servicios mínimos, la contratación de personal ajeno a la empresa para sustituir huelguistas y la lista de servicios esenciales "a la italiana" incluida en la ley.

El secretario de Acción Sindical de CCOO, Agustín Moreno, afirmó que "se trata de una declaración de guerra" al movimiento sindical y pidió al Ejecutivo que "se guarde su proyecto en el cajón y acceda a negoiar un sistema de autorregulación que estamos ultimando los sindicatos".

A su juicio, este proyecto pretende menoscabar la capacidad de respuesta de los trabajadores "ante la aplicación del Plan de Convergencia, que supone un ajuste duro en los derechos laborales".

Por su parte, UGT mostró su sorpresa por que el Ejecutivo les haya enviado el anteproyecto "cuando sabe que las centrales sindicales estamos elaborando, con la participación de expertos, una alternativa razonada y justa que daremos a cnocer próximamente".

A su juicio UGT, esta actitud "desmiente por completo la voluntad de acuerdo y de consenso de que se hace gala en los discursos oficiales y reafirma la arbitrariedad antisindical que caracteriza al Gobierno socialista".

Para UGT, el proyecto es "profundamente regresivo" y supone "un ataque contra un derecho constitucional fundamental, similar a otros que han sido perpetrados -o están en trámite- en los últimos años". Esto confirma, en su opinión, que el Gobierno "cuanto más atisocial, necesita volverse más autoritario".