Los sindicatos consideran que el Ejecutivo debe hacer uso de los poderes que le confiere el artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores para eliminar o reducir las horas extra. A su juicio, esta medida es necesaria dado el alto volumen de horas extras que se realizan en España (casi 73 millones de horas en 1997).

CCOO y UGT denuncian que las horas extras han aumentado de forma "desmesurada con el crecimiento de la economía, de manera que a partir de 1994 han comenzado una tendencia alcista, y explican que las horas extras están concentradas en un número cada vez menor de trabajadores.

Pese a que en algunos casos aislados están aumentando las cláusulas que se recogen en los convenios colectivos sobre reducción y eliminación de horas extras, los sindicatos creen que es necesario adoptar medidas legales en esta línea, dada la relevante incidencia que tienen las horas extras sobre el emple.

Por ello, exijen al Ejecutivo que reduzca los límites actuales de horas extras (anuales, mensuales y diarios), y que estas se compensen siempre con tiempo libre, al tiempo que piden que se supriman las horas extras en actividades peligrosas. También reclaman que los supuestos en los que pueden realizarse horas extraordinarias se regulen en la negociación colectiva.

Además, CCOO y UGT creen que la Administración deben aumentar el control de las horas extras, reforzando los medios humanos y materales de la Inspección de Trabajo, revisar el actual sistema de sanciones y penalizar la realización sistemática y recurrente de horas extras.

Para los sindicatos, la eliminación o reducción de las horas extraordinarias es una medida que colaboraría a cumplir el objetivo de favorecer el crecimiento del empleo. A su juicio, es un inexcusable deber de responsabilidad ante una situación de paro tan aguda como la que vive España.