Así contestaron a la información aparecida hoy en el diario El Mundo, según la cual, el Gobierno subirá el sueldo de los pensionistas y de los empleados públicos un 2,6% en 1997, pero, a diferencia de los primeros, los funcionarios no tendrán cláusula de revisión salarial que garantice su poder adquisitivo en el supuesto de qe el IPC suba más del 2,6%.

Por su parte, fuentes del Gobierno consultadas por Servimedia aseguraron hoy que está por discutir todo el presuesto de 1997 y que no hay ninguna decisión adoptada al respecto por el momento. Asimismo, el secretario de Estado de Presupuestos, José Folgado, aseguró hoy en rueda de prensa que "los empleados públicos no tienen nada que temer", porque "tendrán toda nuestra atención".

Enrique Arnau, secretario de Acción Sindical de la Federación de la Administración Públicade CCOO, declaró hoy a esta agencia que sería "grave y preocupante" que no haya ningún tipo de cláusula de revisión salarial para los funcionarios, ya que "incumple claramente el acuerdo de septiembre de 1994".

El responsable de CCOO recordó que este acuerdo está vigente hasta diciembre de 1997 y que prevé instrumentos para recuperar pérdidas de poder adquisitivo en los salarios de los funcionarios producidas por desviaciones del IPC.

Calificó también de "especialmente negativo" que, "sin que haymos iniciado el diálogo social en el ámbito de las administraciones públicas, ya se filtren noticias que ponen un poco en entredicho ese clima mínimo de diálogo que tiene que haber" y pueden "hipotecar y sesgar el diálogo".

Arnau urgió a que se reuna en breve la Mesa General de la Función Pública para abordar este asunto, así como otros pendientes como el Estatuto de la Función pública, la formación contínua, salud laboral y otros.

En los mismos términos se pronunció la Federación de Servicios Púlicos de UGT, que expresó a través de un comunicado su oposición a cualquier medida que no garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos, y destaca que la Mesa de la Función Pública es el foro adecuado para negociar la Administración y los sindicatos.

UGT deja claro que el acuerdo suscrito en 1994 con el Gobierno asegura el mantenimiento del poder adquisitivo de los sueldos de los funcionarios y es "un compromiso de obligado cumplimiento para el nuevo Gobierno", y aprovech para reclamar la revisión salarial consecuencia de la desviación del IPC de 1995 del 3,5% previsto al 4,3%.

El sindicato ugetista recuerda al Gobierno que los empleados públicos realizaron "un importante y solidario esfuerzo durante la pasada crisis económica. Sin embargo, en la actual coyuntura no se encuentra ninguna razón que justifique que este colectivo vuelva a soportar otra significativa merma de su poder de compra".