A su juicio, esta ley considera a los ciudadanos como súbditos y "se opone frontalmente a la propia filosofía desarrollada por la Administración en sus documentos sobre la modernización en la que prevalecía el concepto de 'usuario-cliente', en clara alusión a la capacidad del usuario -que con sus impuestos paga los servicios públicos- de exigir mejores prestaciones y mejores ervicios".

Además, CCOO entiende que la aprobación de este proyecto de ley sin una previa negociación con los sindicatos supone la ruptura por parte del Gobierno de los acuerdos sobre modernización de las Administraciones Públicas.