En un comunicado, CCOO exigió explicaciones a la Administración de por qué se va a eliminar una escuela infantil pública "imprescindible para el barrio", y reclamó tener acceso al informe técnico pericial que llevó a decidir la demolición del edificio.

Las condiciones planteadas al Gobierno local para aceptar un posible derribo fueron dos: construir un nuevo edificio (con la reubicación temporal de los niños en pabellones prefabricados) y la no disolución de la comunidad educativa (padres, alumnos y plantilla de trabajadores).