"Esta decisión", dijo el abogado de CCOO Juan Durán, "hace desaparecer los análisis sobre las operaciones irregulares de compra-venta de los terrrenos de San Sebastián de los Reyes en el marasmo del tema del fraude del IV".

Por su parte, Escudero considera que este procedimiento y la decisión de no incluir en él a los hasta el 3 de julio inculpados Julián García Valverde, ex presidente de Renfe, y Eduardo Mangada, ex consejero de Política Territorial de la CAM, representa "un conjunto perfecto de hipocresía del Gobierno y de incomprensión absoluta de la administración judicial".

Asimismo, Durán considera que no ha existido voluntad para esclarecer el caso. Según el abogado de CCOO, el alcalde de San Sebastián de os Reyes, José Luis Conde, comenzó a tramitar un expediente de reserva de suelo para una posterior expropiación justo antes de descubrirse las irregularidades, extremo que Conde niega.

En caso de prosperar este recurso de reforma de Comisiones Obreras, las diligencias sobre la compra de facturas falsas en el "caso Renfe" y las del fraude del IVA serían repartidas entre el Juzgado de Instrucción número 29 y el Juzgado de Delitos Monetarios.

SOBRESEIMIENTO

El juez Moreiras tuvo que rectificar susdeclaraciones del pasado 9 de junio, en las que anunció el "sobreseimiento del 'caso Renfe' al no apreciar indicios de delito". El magistrado matizó que las investigaciones proseguirán, "pero algunas de las personas destinadas a ella no seguirán adelante".

Los representantes del sindicato ferroviario de CCOO anunciaron que seguirán presionando, prospere o no este recurso de reforma, mientras no se aclare totalmente el caso.

Escudero señaló que, dependiendo del curso de los acontecimientos, podría convocar asambleas entre los trabajadores de Renfe para ir a la huelga y organizar movilizaciones entre los vecinos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

El "caso Renfe" trascendió en noviembre de 1991, cuando IU presentó una denuncia contra varios directivos de la compañía ferroviaria ante las irregularidades detectadas en la operación de compra-venta efectuada por Renfe en las citadas localidades, con el fin de ampliar el ramal ferroviario.

La presentación de sendas querellas por parte d CCOO y la dirección de la propia empresa provocó la dimisión de García Valverde, ministro de Sanidad cuando el caso salió a la luz y presidente de Renfe cuando se produjeron las operaciones fraudulentas.