En una improvisada conferencia de prensa a la entrada del Tribunal Constitucional, el secretario general de CCOO, ntonio Gutiérrez, se mostró convencido de que ha habido un "claro interés político, cuando no interferencia política", en la elaboración de esa sentencia por la Sala de Revisiones del Supremo.

"Es ilustrativo", añadió Gutiérrez, "que el señor Solchaga, el otro día, en la primera reunión de concertación social, dijese que, amparándose en la reciente sentencia del Supremo, se negaba a discutir y a negociar la mejora en la protección a los parados. Esa instrumentalización política tan inmediata que hace l Gobierno nos vuelve a reafirmar en la pista de que para que se produjese este fallo del Supremo, tan chapucero desde el punto de vista procesal, ha habido un claro interés político".

El recurso de amparo presentado hoy ante el Constitucional, explicó Gutiérrez, es la primera de una serie de movilizaciones sociales y medidas que llevará a cabo CCOO ante diversos organismos jurídicos internacionales, para que el derecho de los parados a recibir pagas extra se mantenga.

"Nosotros consideramos", sealó Gutiérrez, "que ni siquiera en su día debió admitirse a trámite el recurso de revisión interpuesto por el Gobierno (ante el Supremo) y pedimos que se reconozcan estos derechos para un colectivo tan necesitado como el de los parados, a quienes, con un subsidio de 35.000 pesetas, se les quiere negar las catorce pagas que tienen otros colectivos".

200.000 MILLONES A DEVOLVER

El origen de este contencioso se remonta a 1985, año en el que el Gobierno elaboró un decreto ley que elimina las dos pagas etra a dos millones de afectados. CCOO recurrió el decreto ley en primera instancia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dio la razón al sindicato.

Posteriormente, el Ejecutivo recurrió el falló ante una sala ordinaria del Tribunal Supremo y ésta ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En diciembre de 1990, el Gobierno presentó un nuevo recurso de alzada, esta vez ante la Sala de Revisiones del Tribunal Supremo. El 21 de junio pasado, la citada sala declaró leal el decreto ley.

Según CCOO, si los dos millones de afectados tienen que devolver el dinero que han seguido cobrando en concepto de pagas extra mientras el decreto ley ha estado en suspenso, el montante total a devolver sería de 200.000 millones, aproximadamente. El Ministerio de Trabajo mantiene, por contra, que el dinero a devolver no superaría los 56.000 millones de pesetas.