El PSOE ha propuesto una fórmula para desbloquear el traspaso del Inem al Gobierno vasco, que consiste en que a partir de 1999 la formación profesional ocupacional de Inem se financie con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, con lo que se solventa el problema de la ruptura de la caja única de la Seguridad Social.

A juicio de CCOO, la formación ocupacional, por ser una parte de la protección por desempleo, y la formación continua, por ir dirigida a las necesidades de formación de las empresas y trabajadores dentro de un mercado laboral de carácter nacional, debe estar bajo la esclusiva competencia financiera del Estado.

Para CCOO, la propuesta del PSE, en su intento de buscar una solución a un contencioso de impacto parcial, como es la demanda de la recuperación de la cuota de formación por el País Vasco, pone en peligro la capacidad de redistribución en el conjunto del Estado que deben tener este tipo de prestaciones.

El sindicato que lidera Antonio Gutiérrez recuerda que, además, el País Vasco ya tiene un trato privilegiado con respecto a otras comunidades autónomas, al obtener una financiación extra de 3.863 millones de pesetas anuales para fomación, fruto de un acuerdo singular con el PP.

Además, CCOO cree que el PSOE está apoyando con esta propuesta las tesis de la CEOE, al argumentar que la disminución a la mitad del tipo de cotización a formación profesional -actualmente del 0,7%- "despenalizaría el empleo". Esta central recuerda al PSOE que los costes laborales en España son el 78% de la media europea, por lo que no cree necesario reducir las cuotas sociales.

Por todo ello, cree que la fórmula apuntada por el PSOE, lejos de resoler las diferencias políticas y sociales sobre el tratamiento y desarrollo futuro de la formación profesional, "no haría más que estimular de un lado las pretensiones nacionalistas de acabar rompiendo el Acuerdo Nacional de Formación Continua, y de otro a la patronal en su insistente demanda de reducir las cotizaciones sociales".

Para CCOO, esta propuesta significaría, además, que la formación de los parados pase de ser financiada básicamente por los empresarios como coste laboral, a que la paguen todo los españoles a través de los impuestos, con el agravante, a su juicio, de que la reforma del IRPF no permite confiar en que los Presupuestos del Estado puedan asumir este coste.