CCOO recuerda en un comunicado que la Federación Europea de Metalúrgicos, a la que pertenece, ya trasladó en 2001 a la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, así como al Gobierno español, su oposición a las modificaciones que introduce el nuevo reglamento, cuya aplicación está prevista para octubre de 2002.

Para CCOO, el actual sistema de distribución selectiva y exclusiva de los vehículos a motor y de recambios da respuesta a la vez a los intereses e los consumidores, los distribuidores de vehículos, los fabricantes y sus trabajadores.

Por ello, defiende que sólo los concesionarios autorizados puedan operar en el mercado de los vehículos nuevos, que se refuercen las disposiciones que protegen a los concesionarios frente a los fabricantes y que se mantenga la estrecha vinculación entre la venta y el servicio postventa del vehículo como medida de protección de los consumidores.

CCOO considera que el nuevo reglamento traerá consecuencias negatvas para el empleo y la seguridad de los vehículos. Según el sindicato, afectará a más de 50.000 concesionarios en Europa y 3.300 en España, a 10.000 talleres existentes y a 1,5 millones de trabajadores en el continente y 100.000 en España.

A juicio de CCOO, "lo que se pretende que sea un beneficio para la competencia y los consumidores, supondrá su transformación en un monopolio de las grandes superficies, y la práctica desaparición de las pymes del sector, y un perjuicio para los consumidores, tantoen el precio de los vehículos como en la seguridad y en la calidad de los mismos".