A su juicio, lo mejor es el consenso social y político, y no que un Gobierno con mayoría parlamentaria tenga las manos libres para actuar sin consenso. Fidalgo recordó que el acuerdo sobre pensiones alcanzado en 1996 supuso un hito político en el desarrollo del sistema de Seguridad Social.

Según Fidalgo, este acuerdo "colocó un asunto e tanto interés bajo el cobijo legitimador del consenso político y social, despejó las dudas políticas, y parece que técnicas, sobre la viabilidad futura de un mecanismo muy potente de solidaridad, mejoró prestaciones bajas, y en sus desarrollos ha mejorado la protección social de los contratos a tiempo parcial y fijos discontinuos".

Para el responsable de CCOO, la situación económica y laboral avala el futuro del sistema de la Seguridad Social. "Ha aumentado el número de altas en la Seguridad Social,se está manteniendo la tasa de incremento en la creación de empleo y no está progresando la temporalidad, pero, sin embargo, el clima político y, en particular, el tono de las relaciones entre Gobierno y oposición, no parece propicio a la reedición de un consenso", denunció.

Fidalgo acusó al PSOE de haber elegido la Seguridad Social como "uno de los vectores estratégicos de oposición al Gobierno del PP", y criticó a este partido por denunciar sin cesar un supuesto déficit de la Seguridad Social, cuand la situación económica y financiera del sistema es bastante transparente y el citado déficit no se evidencia.

Explicó que el excedente de cotización después de pagar los gastos del segmento contributivo (577.000 millones) es precisamente el que está permitiendo que el Gobierno no esté muy diligente en la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social.

Añadió que llevar a cabo completamente esta separación a finales de 1999 obligaría a aportar 800.000 millones de pesetas provenintes de impuestos para financiar la parte no contributiva.

El secretario de Política Institucional de CCOO insistió en que el Gobierno debe cumplir el Pacto de Toledo y separar las fuentes de financiación antes del 2001. No obstante, apuntó que la caída de la recaudación que supondrá la reforma del IRPF no augura una buena disposición a separar las fuentes de financiación.