La Secretaría de Migraciones de CCOO considera "inadmisible que los culpables no hayan sido expulsados del Cuerpo Nacional de Policía. Y no caben más argumentos corporativos como los sgrimidos por alguno de sus compañeros y por la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, porque se trata de funcionarios públicos que dependen de los Presupuestos Generales del Estado".

El delito quedó impune, pese a quedar acreditado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ya que los jueces tuvieron que rechazar el recurso de la mujer por el encubrimiento de los agentes implicados.

Sin embargo, la sentencia advierte de que "en un Estado democrático de Derecho debe evitarse que unos funcionaios policiales, por mor de trasnochadas ideas corporativas o falso compañerismo, encubran un gravísimo delito de violación acreditado y constatado, permanezcan en tal cometido y funciones que exigen la protección de todas las personas, y oculten a la justicia cuanto conozcan".

Por este motivo, CCOO considera intolerable que la autoridades policiales y el propio Ministerio del Interior no hayan procedido de forma urgente expulsando del Cuerpo a estos agentes.