Con esta modificación, continúa CCOO en un comunicado,se debe asegurar el ejercicio del derecho a abortar de las mujeres, así como la garantía del servicio en la sanidad pública.

Además, añade el citado sindicato, esta modificación legal ha de acompañarse de medidas que garanticen la educación sexual de los adolescentes y el acceso a métodos para la prevención de embarazos no deseados.

Comisiones Obreras hizo estas consideraciones a raíz de las actuaciones policiales llevadas a cabo en clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo en Madrid y Barcelona.

En este sentido, denunció "la campaña de intoxicación y desacreditación contra las clínicas autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo en Madrid y Barcelona con acusaciones vertidas y no debidamente contrastadas ni probadas".

Del mismo modo, denunció "las amenazas y agresiones que están sufriendo profesionales de dichas clínicas, provenientes de grupos conservadores y ultraderechistas contrarios a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos".

Por último el sindicato exige al Gobierno y a las fuerzas de seguridad que correspondan a la garantía de la seguridad de las mujeres y profesionales, así como el derecho a su intimidad y protección de sus datos clínicos.