El secretario confederal de Salud Laboral de CCOO, Joaquín Nieto, y el responsable del Departamento de Salud Laboral del sindicato, Angel Cárcoba, presentaron hoy en rueda de prensa un decálogo demedidas urgentes que deben adoptarse para evitar y reducir la elevada siniestralidad laboral que hay en España.

Según los datos de CCOO, entre enero julio de este año perdieron la vida en accidentes laborales un total de 804 trabajadores, lo que supone un aumento del 10% respecto al mismo período de 1996. Esto significa, apuntó Cárcoba, que cada día laborable mueren en España 4 trabajadores en accidentes laborales.

CCOO considera que un país como España, que dispone de una normativa sobre seguridd y salud en el trabajo homologable a la del resto de Europa, "es inaceptable que ostente el triste privilegio de estar a la cabeza de la Unión Europea en accidentes de trabajo", accidentes que, según Cárcoba, tienen un coste empresarial y social anual cercano a los 2,5 billones de pesetas.

Este sindicato cree que es "perfectamente posible" reducir las altas tasas de siniestralidad, y, para ello, pide que los empresarios, a quienes responsabiliza de la situación y acusa de incumplir las normas de manea generalizada, cumplan la legislación vigente y eviten y evalúen los riesgos en sus empresas.

También reclaman que el incumplimiento de las obligaciones de los empresarios en esta materia sea sancionado "de forma contundente y con fuerza ejemplificadora", de manera que, según Cárcoba, caiga sobre estos empresarios una especie de "estigma social". A juicio de CCOO, en los casos de negligencia criminal, los jueces deben aplicar el código penal, con penas de prisión.

Además, CCOO acusó a la Adminisración central y algunos Gobiernos autónomos de dejar prescribir las sanciones impuestas a empresarios por infracciones de seguridad. Según Cárcoba, las sanciones por estas infracciones las pueden poner los inspectores de trabajo (de hasta 5 millones de pesetas), el director general de Trabajo (de hasta 15 millones), el ministro de Trabajo (de hasta 50 millones) y el Consejo de Ministros (de hasta 100 millones).

"Nos consta", explicó Cárcoba, "que a partir de las sanciones del director general y hastalas del Consejo de Ministros, se dejan prescribir sistemáticamente". Según sus cálculos, las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo y no cobradas alcanzan los 50.000 millones de pesetas en los últimos diez años, "y si se suman las sanciones que han pasado por el Consejo de Ministros y se han dejado prescribir, nos encontraríamos con cifras alarmantes", aseguró.

Nieto denunció no sólo la falta de medios económicos y humanos que tiene la Inspección de Trabajo para realizar adecuadamente su traajo, sino también la falta de voluntad política, como demuestra, a su juicio, el hecho de que en 1996 han descendido las visitas de la inspección, las actas de infracción levantadas y el importe de las multas impuestas.

Además, CCOO reclama la creación de un registro central de empresas sancionadas por infracciones de normas de seguridad y salud en los últimos cinco años, para que se conozcan sus nombres y la Administraciones Públicas no contraten con esas empresas que sistemáticamente incumplen la nomativa.

Según CCOO, también es necesario que las administraciones públicas elaboren programas de protección de la salud para los trabajadores, que la Administración sanitaria cumpla sus obligaciones de promover la salud integral del trabajador y que las mutuas de accidentes de trabajo asuman todas las responsabilidades que les otorga la ley.

Nieto insistió en que también es necesario realizar una campaña publicitaria de sensibilización social, similar a la de los accidentes de tráfico, que Trabaj ya se ha comprometido a llevar a cabo, así como facilitar una adecuada formación en materia de seguridad a los 9 millones de trabajadores que hay en España. Ofreció la disposición de CCOO a trabajar en el diseño de un plan formativo.

Finalmente, reclamó una mayor intervención y control sindical de las condiciones de trabajo, a través de los delegados de prevención, y la constitución de una Comisión Parlamentaria que, asesorada por expertos y agentes sociales, elabore en un plazo de seis meses el libr blanco de la salud laboral en España.