Sordo hizo esta propuesta en el marco de una jornada sobre el problema del precio de la vivienda organizada por su sindicato a la que también asistió la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

“Es más que probable que un número muy importante de comunidades autónomas boicotee la ley de vivienda estatal que se legisló en la parte final de la última legislatura”, auguró Sordo, quien defendió que es necesario que las autonomías, “pero también los ayuntamientos, puedan determinar las zonas tensionadas, es decir, zonas donde el precio del alquiler o de la venta de vivienda están disparatado sobre la renta media de las personas que viven allí”.

Asimismo, explicó que el precio de la vivienda es “uno de los grandes problemas” sociales y económicos del país, por lo que subrayó que “es el momento de ser valientes en la aplicación de las leyes”.

Para afrontar esta situación, apostó por aumentar el número de viviendas de protección social, especialmente en régimen de alquiler, así como por la rehabilitación y construcción de hogares utilizando recursos como los fondos europeos ‘Next Generation-EU.

Además, insistió en que el “disparatado precio del acceso a la vivienda en España es también un problema económico”, pues si de media el 40% de los recursos de las familias se dedican a pagar una hipoteca o un alquiler, se está detrayendo dinero que no se puede utilizar para otro tipo de consumo en otras actividades.