Dicho artículo, pretendía evitar la entrada de agentes forestales en fincas y montes privados sin autorización judicial. En opinión del coordinador federal de agentes forestales de CCOO, Francisco Javier Cabezos, esta situación constituía una forma de que "prevalecieran unos falsos privilegios por encima del bien general".

Cabezos, considera que la decisión del alto tribunal significa "una victoria de la legalidad" que tendrá un reflejo positivo para el medio ambiente, los ciudadanos y el colectivo de agentes forestales.

Para Cabezos, la resolución del Tribunal Constitucional constituye un "varapalo tremendo a la prepotencia del Gobierno de Esperanza Aguirre". Por lo que, según el dirigente del sindicato, el Ejecutivo regional "debería tomar nota de la decisión del Constitucional y limpiar el buen nombre del cuerpo de agentes forestales".