Estas medidas, que limitan cifras de producción, eliminan marcas e imponen condiciones comerciales "inaceptables" sólo a las empresas afectadas por este proceso de fusión, y no al resto de empresas del sector, pueden crear, según la central sindical, condiciones desiguales que beneficien a unas empresas en perjuicio de otras.

Según Comisiones, el Gobierno "se ha despreocupado totalmente de las condiciones sociales yde empleo de los trabajadores del Grupo Cruzcampo, El Aguila y el resto de empresas filiales y asociadas".

El sindicato afirma que la decisión del Consejo de Ministros "es un conjunto de medidas arbitrarias, que demuestran un desconocimiento de las condiciones internas del mercado y de las empresas afectadas, ya que el cumplimiento de las mismas parece pensado para la disminución y desaparición de un alto volumen de empleo e incluso cuestiona la supervivencia de centros de trabajo".

Ante ello, CCO anuncia que se reserva cuantas acciones estime oportunas para garantizar la defensa de los intereses del conjunto de los trabajadores de ambas empresas.