En concreto, el Gobierno aprobó medidas como la prórroga de dos años, hasta diciembre de 2026, de las deducciones en el IRPF por obras de mejora energética en la vivienda, así como la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamiento para unidades de convivencia que puedan acreditar su situación de vulnerabilidad social y económica para poder hacer frente al pago de su vivienda habitual y no contar con alternativa habitacional.

También se transfirió a la empresa pública de vivienda Sepes todo el parque de inmuebles de titularidad de empresas u organismos del Estado para que se puedan destinar al alquiler asequible.

Otra novedad es la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, con objeto de simplificar y flexibilizar la promoción de vivienda pública a través de la colaboración público-privada, estableciendo particularidades en los contratos de concesión cuando estos tengan por objeto realizar actuaciones de construcción o rehabilitación sobre suelo o inmuebles de titularidad pública para destinarlos a vivienda con precios asequibles o social para colectivos vulnerables.

Si bien estas medidas pueden “animar” al sector privado de la promoción inmobiliaria, CCOO considera que tienen también “riesgos negativos” si no van acompañadas de una limitación del beneficio de las empresas concesionarias a través del control de precios de las viviendas por parte de la Administración, como está sucediendo con el Plan Vive en la Comunidad de Madrid.

El sindicato también advirtió de los posibles riesgos laborales para los trabajadores de las concesionarias, dado que la modificación introducida en la normativa permite que las propias empresas concesionarias elaboren su Plan de Seguridad y Salud Laboral, sin supervisión externa.

REGISTRO

Por otro lado, sobre el registro creado para los alquileres turísticos, de temporada y los arrendamientos de habitaciones que permitan el alojamiento de corta duración, CCOO valoró positivamente la acción por los perjuicios que supone la “falta de información fiable”.

“El registro, además, debe ser una herramienta eficiente para evitar el fraude fiscal, infracciones urbanísticas o de convivencia entre vecinos que pueden causar este tipo de alojamientos”, añadió CCOO, antes de denunciar que desde la aprobación de la Ley de Vivienda en mayo de 2023, este tipo de alquileres se había convertido en la “fórmula que usan algunos propietarios y agencias inmobiliarias para burlar” la normativa establecida.

Con todo, CCOO piensa que la norma sería “mejorable” si exigiera la aportación documental previa de la causalidad del alquiler temporal; la limitación temporal de seis meses más otros seis prorrogables (ahora establece 12 meses); la prohibición de destinar edificios completos al alquiler habitacional y dar mayor potestad a las comunidades de vecinos para limitar el alquiler vacacional más allá de lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Para CCOO, el “mayor déficit” del RD es no establecer un régimen sancionador ni de inspección, aunque se indica que se establecerá. Hasta ese momento se aplicarán las legislaciones locales o autonómicas, así como también la inspección y control del cumplimiento de esas normativas. “Si tenemos en cuenta la situación actual de muchas de las administraciones territoriales, que han comenzado a tomar medidas cuando en muchas ocasiones el fenómeno ya se ha desbordado o no las han tomado como en el caso del alquiler turístico, se entienden mejor nuestras reservas”, arguyó el sindicato.

Por último, recordó que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha elaborado por mandato legal un índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda (IRAV), sustituyendo al IPC con el objeto de evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de alquiler. Se publicará de forma mensual y el primero fue del 2,2%.

El sindicato señaló que la medida es positiva pero “es muy limitada”, al afectar solo a los contratos firmados desde el 25 de mayo de 2023, quedando fuera el resto. En su opinión, medidas de limitación de incrementos como ya sucedió en los años 2022, 2023 y 2024 “son más efectivas”, además de afectar a la totalidad de contratos.

Al hilo, se mostró sabedor de la complejidad del problema de la vivienda y reconoció que crear los hogares que se necesitan llevará tiempo y recursos, por lo que reclamó que se adopten más medidas de control de precios y acciones para movilizar el parque vacío.