En rueda de prensa, el secretario general de CCOO, José María Fidalgo, anunció que el sindicato ha registrado hoy ante esta institución la petición para que recurra ante el Constitucional la normativa convalidada el pasado 24 de noviembre por el Congreso.

La otra vía por la que el sindicato puede llevar el real decreto ante el Alto Tribunal es mediante una petición cursada por al menos 50 diputados. Por esto, CCOO ha remitido la documentación entregada al Defensor del Pueblo a todos los partidos que rechazaron la propuesta del Gobierno (PP e IU) o se abstuvieron en la votación (PNV, Coalición Canaria y Nafarroa Bai).

No obstante, Fidalgo afirmó que el sindicato no ha hecho una petición específica a los partidos para que recurran la normativa, sino que deberán ser los grupos políticos los que decidan. "Ellos harán lo que estimen oportuno", señaló.

FORMA Y FONDO

La denuncia de CCOO se centra tanto en la forma como en el fondo. Por un lado, el sindicato denuncia que el Gobierno tramitara esta norma como real decreto, ya que no había urgencia para su entrada en vigor.

"Un real decreto no puede regular derechos fundamentales, como el de la libertad sindical, y debe garantizarse que su urgencia se debe a intereses generales", apuntó Fidalgo, quien aseguró que la devolución del patrimonio "ni es urgente ni es de interés general".

En cuanto al contenido de la norma, el líder sindical aseguró que "no estamos ante un hecho de legítima restitución de bienes históricos", sino que, en su opinión, "significa un trato de favor que atenta contra la libertad sindical".

Asimismo, el sindicato defiende que UGT no ha documentado convenientemente ni la posesión de los bienes devueltos ni el hecho de que fueran incautados por el franquismo. "No existe ni patrimonio ni incautación", afirmó Fidalgo.

No obstante, el secretario general del sindicato quiso dejar claro que el objetivo de la organización no es la de pedir una compensación. "No tenemos nada que pedir, ni lo necesitamos", apuntó, a lo que añadió que "CCOO en este asunto, tal y como transmitió al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, no viene a pedir compensaciones, viene a reclamar justicia".

CCOO también denunció "el oscuratismo y la falta de información" con la que el Gobierno ha tramitado la devolución del patrimonio. "Esto hace pensar que el Ejecutivo intente lograr un objetivo oscuro, alterar el margen sindical de este país", apuntó.

La iniciativa del sindicato de denunciar la inconstitucionalidad de la devolución del patrimonio a UGT fue aprobada ayer por unanimidad en el Consejo Confederal de CCOO, el principal órgano del sindicato entre congresos.