En un comunicado, CCOO denuncia que la iniciativa del Gobierno se haya tomado sin convocar previamente a la Comisión Consultiva de Patrimonio Sindical, como, según el sindicato, había anunciado el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en el Congreso de los Diputados, y critica que el Ejecutivo irrumpa en las elecciones sindicales mediante una decisión adoptada "con total opacidad, pese a la transparencia que en la acción de Gobierno se predica con evidente cinismo".

CCOO considera "difícilmente justificable" que un acuerdo de esta naturaleza se haga efectivo en Consejo de Ministros cuando está pendiente de resolución un recurso admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, "salvo que el Gobierno pretenda intervenir, vulnerando las más elementales normas de libertad sindical, en el actual mapa de representación de las organizaciones sindicales en España".

"Igualmente resulta censurable que el Gobierno no dé cuenta a la opinión pública y al conjunto de las organizaciones sindicales del contenido detallado de una decisión que comporta miles de millones de las antiguas pesetas", agrega CCOO.

Por todo ello, y porque los recursos económicos utilizados pertenecen al erario público, CCOO exige que se den a conocer detalladamente qué bienes y derechos se reintegran y compensan y pide a los grupos parlamentarios que planteen esta exigencia en el Congreso.

Por su parte, CCOO anuncia que iniciará las actuaciones legales derivadas de una decisión que consideramos ilícita y que atenta arbitraria y gravemente contra el derecho de libertad sindical.