Según el sindicato, el proyecto del Gobierno suprime la obligación ue hasta ahora tenían las empresas de contar con unas instalaciones sanitarias propias, que estuvieran dirigidas por personal facultativo de la Seguridad Social.

Esta normativa, a juicio de Comisiones, desplazará la cobertura sanitaria de millones de trabajadores hacia conciertos con los sectores privados, ya que les permite acudir a sistemas de arrendamiento o conciertos.

En un comunicado, el sindicato asegura que las propuestas recogidas en la orden ministerial, elaborada por Trabajo y Sanidad,deja en manos del sector privado la responsabilidad esencial de la cobertura sanitaria de los trabajadores.

También considera que la orden puede generar una demanda inducida, excluir riesgos comercialmente no interesantes o permitir un control insuficiente del gasto por los financiadores públicos.