Lo hizo durante la presentación del Observatorio Social de las Personas Mayores 2021, un acto en el que estuvieron presentes el secretario general de CCOO, Unai Sordo; el secretario general de la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados, Vicente Llamazares; y Jesús Cruces, investigador de la Fundación 1º de Mayo.

Durante su intervención, Unai Sordo subrayó que el estudio se elaboró durante la quinta ola de la pandemia, lo que, a su juicio, “permite analizar las fortalezas y debilidades de las políticas que afectan más a las personas mayores”.

Esto le sirvió para constatar que “una parte del sistema sanitario” español, el referido a la Atención Primaria, se encuentra “colapsado”, en un momento en que se ha fiado todo a la “autoprotección” de la ciudadanía, al amparo del “éxito de la campaña de vacunación”.

En ese sentido, adujo que el gasto que España destina a Sanidad es del 6,3% del PIB, un guarismo que se encuentra “netamente por debajo” de sus socios de la UE, y que lo sitúa como el undécimo país de la UE en este ámbito, al nivel de la República Checa, y muy lejos de Alemania (9,7%) o Francia (9,4%).

Por ello, reclamó que el gasto público en Sanidad se incremente hasta situarse entre el 7,4% y el 7,5% del PIB, una subida que, en el caso de la Atención Primaria, debería llegar al 25%.

A su vez, comentó que “la deficiencia en el gasto público” se traduce en el incremento del gasto de los hogares en la sanidad privada, un ámbito en el que España es el octavo país de Europa, colocándose en el “pelotón de cabeza”. Prueba de ello, ilustró Unai Sordo, es que este ámbito tenía un peso del 1,7% del PIB en 2013 y ahora se encuentra en el 2%.

Esto le permitió denunciar el progresivo “deterioro de la salud de quienes tienen menos recursos”, al encontrarse en un callejón sin salida como consecuencia de “las deficiencias de los sistemas públicos” de salud y de su carencia de recursos para contratar una póliza privada.

Del mismo modo, llamó la atención sobre la distribución territorial en lo concerniente a la contratación de seguros privados, siendo Asturias, Navarra y País Vasco los territorios donde menos pólizas se firman, frente a Madrid y Andalucía, que lideran la clasificación en este ámbito.

Por su parte, Unai Sordo arguyó que la natalidad se redujo en España un 5,9% en 2020, un año en el que la media de hijos por mujer fue de 1,18, la tasa de mortalidad se situó cerca del 18% y se registró que el 20% de la población tiene más de 64 años.

Teniendo en cuenta que, según el INE, en 2058 el 43,73% de la población tendrá 65 o más años y que en 2060 el 13,53% tendrá más de 80 años, el secretario general de CCOO proclamó que “no será sostenible un modelo de crecimiento económico y de empleos de calidad sin regular los flujos de migración que tendrán que venir a España”.

Por esa razón, atestiguó que el país tiene que dejar de ver la migración como un “problema”, como una “amenaza”, ya que “quien piense que esto se arregla con cinco hijos por pareja vive en el primer franquismo”.

Unai Sordo observó que en 2020 la esperanza de vida se ha reducido en España 1,15 años en el caso de las mujeres, hasta los 85 años, y 1,26 años, hasta algo menos de 80 años, en el caso de los hombres, siendo Madrid el territorio donde más ha caído, 2,2 años, en el caso de ellas, y 3 años, en el caso de ellos.

A pesar de ello, concluyó advirtiendo de que, una vez que se supere la pandemia, la esperanza de vida seguirá incrementándose.

En esa línea, Vicente Llamazares apuntó que el incremento de la esperanza de vida, sumado al bajo índice de natalidad y a la incidencia de los ‘baby boomers’ obligará a “aumentar los ingresos públicos”, desde la máxima de la creación de empleos de calidad.

Por último, Jesús Cruces comentó que el proceso de envejecimiento en España adolece de “diferencias territoriales muy relevantes”, que se traducen en el hecho de que la población mayor alcanza el 30% en Orense, otro 30% en Lugo y un 31% en Zamora, frente al 17% de Baleares y Murcia.

A ello se añade que las mujeres son las “protagonistas de este proceso”, siendo el 51% de la población mayor de 65 años y el 63% de más de 80 años.

Jesús Cruces señaló que España conoció una sobremortalidad del 17,7% en 2020, alcanzando este parámetro el 40% en la Comunidad de Madrid y alrededor del 30% en Castilla y León y Castilla-La Mancha, lo que “ha puesto de manifiesto la necesidad de recursos personales y materiales” para atender a la población.

En materia de pensiones, puso de manifiesto la brecha de género existente, como lo atestigua el hecho de que, en el caso de las de jubilación, que representan el 69% del total, la mayoría (96%) son percibidas por hombres, mientras que las de viudedad son cobradas mayoritariamente por mujeres (44%).

Remató su intervención reseñando que la brecha de las pensiones, es decir, lo que deberían subir las de las mujeres para igualar a las de los hombres, se situó en 35,6% en 2018, un guarismo que se redujo hasta 33,4% en 2020.