Así lo indicó el sindicato en un comunicado en el que calificó como “decepcionante” la propuesta presentada por el Ejecutivo, al considerar que “no responde a las necesidades de los organismos y no permite superar las deficiencias en la gestión de las convocatorias desde 2019”.

En lo que se refiere al volumen de empleo planteado, CCOO señaló que la cifra es inferior a la comprometida en el pasado ejercicio, cuando se alcanzaron las 12.578 plazas teniendo en cuenta la oferta ordinaria y la extraordinaria dirigida al SEPE.

Además, el sindicato apuntó que también se proponen alrededor de 1.000 puestos menos -un 12% menos- en la parte correspondiente a promoción interna.

En contraste, CCOO calcula que la administración requiere de un mínimo de 14.800 puestos para el ingreso libre y 10.500 en promoción interna.

Asimismo, el sindicato liderado por Unai Sordo apuntó “la necesidad de recurrir a sistemas que permitan realizar un diagnóstico y cubrir las necesidades reales de servicio público a la ciudadanía”. En este sentido, recordó “las constantes demandas de aumento de la atención presencial en las oficinas de la Administración del Estado” y lamentó “los más de tres años de retraso en la incorporación del personal desde la aprobación de las Ofertas de Empleo”, así como “el elevado número de vacantes resultante”.

CCOO propone también la concreción de ofertas de empleo extraordinarias “para aquellos servicios públicos que tienen necesidades excepcionales y que no se pueden solucionar con la mera llegada de efectivos de la OEP general”, subrayando que se trataría de ofertas extraordinarias “que deberían incorporar el compromiso de cobertura inmediata”.

Respecto a la promoción interna, CCOO rechaza la reducción de prácticamente el 12% sobre lo recogido en el Real Decreto de Oferta de Empleo del pasado año, que el Gobierno justifica en la falta de interés por parte de la plantilla. CCOO no comparte este argumento y considera que “sería necesario analizar las causas y los nichos en donde se plantea esa promoción.

Por último, CCOO lamentó “las prisas de última hora” en los procesos de estabilización pendientes, cuando queda menos de un mes para que se cumpla el plazo determinado en la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

En este sentido, el sindicato exige “un esfuerzo por identificar y certificar todos los puestos ocupados superando el período establecido legalmente, de manera que se termine definitivamente con el empleo precario en la Administración General del Estado, y que afecta principalmente a ámbitos como investigación, cultura, sanidad o inspección”.