Fuentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socales declararon a Servimedia que ese porcentaje de irregularidades sólo se corresponde a un caso concreto: el de las ayudas para contratos a menores de 26 años, que estuvieron vigentes entre 1985 y 1988.

Los gastos por subvenciones a este contrato eran de unos 3.000 millones de pesetas antes de la reforma laboral. Sin embargo, esta cantidad no ha descendido desde entonces, a pesar de que lo lógico es que así fuera por la paulatina extinción de esos contratos bonificados, que no tuvieron continuidad enel tiempo.

Los mismos informantes añadieron que hay sospechas de que el fraude se haya extendido a otras de las llamadas 'bonificaciones históricas', es decir, las subvenciones que se concedían antes de 1997 y que fueron sustituidas por la reforma.

El montante total de estas ayudas, que es de 60.000 millones de pesetas anuales, tampoco ha disminuido, a pesar de que desde el año pasado ya no se pueden realizar contratos con estas bonificaciones.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha uesto en marcha un estudio para averiguar el alcance del fraude, mediante el cruce de datos de la Seguridad Social con los del Instituto Nacional de Empleo (Inem).

Es por eso que la Ley de Acompañamiento ha introducido una medida que obliga a los empresarios que se benefician de las subvenciones a conectarse con el sistema informático de la Seguridad Social (llamado RED), para un mejor control de estas ayudas.

INCREMENTO DE SANCIONES

Por su parte, Julián Ariza criticó "el contraste entre el cel hasta ahora mostrado por el Ejecutivo para controlar a ciertos colectivos de trabajadores y su pasividad para con los sectores empresariales que usan y abusan de las bonificaciones".

El representante de CCOO fue especialmente duro con el hecho de que el Consejo Económico y Social (CES) decidiera el pasado 30 de septiembre desaconsejar el incremento de un 60% de las sanciones por incumplimiento de la normativa laboral, introducido en la Ley de Acompañamiento precisamente como una forma de atajar el frude en las bonificaciones.

El dictamen, aprobado con la oposición de los sindicatos, desaconseja la subida de las sanciones hasta que se redacte una nueva Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. "El CES apuesta por prolongar la ineficacia disuasoria hasta que, no se sabe cuando, se promulgue una nueva ley", señaló el sindicalista.

No obstante, Ariza añadió que el dictamen aprobado por el CES no es vinculante, por lo que el Gobierno probablemente seguirá adelante con el incremento de lassanciones.