Para esta central, es criticable "la intención del Gobierno de sacrificar patrimonio público (privatizar empresas) antes de negociar con los sindicatos una poltica industrial activa y definir el papel que juegan las empresas públicas españolas en el desarrollo de la economía".

A su juicio, la intención del Ejecutivo de vender empresas no es una novedad y su anuncio pone en evidencia la ausencia en España de una política industrial, con los efectos negativos que esto conlleva en una situación de crisis como la actual.

Además, denuncian que el Ejecutivo empiece a "calentar" a la opinión pública con declaraciones sobre privatizaciones, antes de que esté trminado el análisis sectorial de la economía española encargado por el Gobierno para conocer las carencias y necesidades de varias áreas de actividad.

Para CCOO, las conclusiones de estos trabajos deberían servir para iniciar un diálogo con los agentes sociales sobre la política que debería aplicarse en cada sector, incluido el de las empresas públicas.

También critican el criterio del Gobierno de utilizar capital público para corregir los errores de gestión de su equipo económico, "privando al cnjunto de la sociedad del objetivo que debe animar la actividad industrial, la detente quien la detente, que es la de ser un valor económico sólido para el futuro".

BLOQUE SINDICAL

Las críticas de CCOO sobre las privatizaciones anunciadas por el ministro de Economía, Carlos Solchaga, coinciden con las expresadas hace unos días por los responsables de UGT, para quienes lo ideal sería potenciar empresas públicas y no venderlas.

El sindicato socialista opina que la privatización de empresas no es onsustancial con la rentabilidad que puede obtenerse de ellas, y cita como ejemplo la crisis financiera de Fesa-Enfersa después de haberla vendido a inversores privados, como es el caso de Torras-KIO.

Según UGT, el anuncio de privatizaciones de unos presupuestos restrictivos en 1993 representa "una nueva entrega de un conjunto de medidas negativas para los trabajadores, que comenzaron con el recorte de las prestaciones al desempleo y que expresan la intención del Gobierno de endosar a los ciudadanos ls costes de errores imputables únicamente a sus responsables".