"Es muy importante que estemos atentos para que esta ley se aplique en toda su dimensión y sirva para caminar hacia una producción más limpia que evite sustancias peligrosas que dañan el medio ambiente, la salud humana y de los trabajadores, y evite costes económicos", dijo CCOO en un comunicado.

CCOO recordó hoy que el desastre de Aznalcóllar "fue de tal magnitud que los lodos tóxicos vertidos al río Guadiamar podrían llenar 4.634 campos de fútbol" y un tercio de esos residuos recorrieron 63 kilómetros el cauce fluvial.

La catástrofe ecológica afectó también a cientos de empleos agrícolas, pues muchas de las tierras utilizadas para la agricultura quedaron anegadas por el desbordamiento tóxico del río Guadiamar. Además, el vertido perjudicó al sector de la pesca en la desembocadura de Sanlúcar.

Los otros damnificados fueron los propios trabajadores de la empresa minera Boliden. Pocos años después del vertido, se declaró en quiebra y cerró la explotación en la que trabajaban unos 400 mineros.

Una gran parte de ellos se acogió a jubilaciones anticipadas, mientras que otra fue contratada para las tareas de limpieza y restauración del entorno afectado.

CCOO denunció hoy que, aunque la declaración de la comarca de Aznalcóllar como Zona de Atención Especial (ZAE) por parte del Gobierno andaluz ha servido para crear algunas empresas industriales en la zona (algunas de energías renovables), lo cierto es que a ellas no se han incorporado antiguos trabajadores de Boliden.