La Audiencia Nacional dictaminó que los acuerdos suscritos por el Gobierno con los sindicatos están protegidos por la Ley y la Constitución, por lo que deben cumplirse.

El Gobierno, por su parte, argumenta en su recurso de casación, admitido a trámite por el Supremo, que la congelación salarial de 1997 se basó en razones de política económica y que no se trataba sólo de una cuestión de persoal. Además, plantea que los Presupuestos del Estado para 1997 no contemplaban la subida, por lo que ésta no podía abonarse.

En contra de lo sostenido por el Gobierno, los servicios jurídicos de CCOO mantienen que los recursos sobre retribuciones y sobre acuerdos alcanzados en la negociación colectiva son materia de personal, como insistentemente viene declarando el Tribunal Supremo, por lo que no cabría la admisión final del recurso del Gobierno.