Por su parte, el coordinador general de la FSAP-CCOO, Javier Hernández, insistió en que desde el sindicato se apoya la creación de esta "ley progresista", pero lamentó que las escasas medidas tomadas por el Gobierno "la convierten en poco más que pura propaganda".

Estas carencias se refieren a distintos aspectos de la ley. En primer lugar, CCOO considera "una instrumentalización de la opinión pública" que el Gobierno anunciara la creación de 421 Juzgados de Violencia de Género, cuando en realidad se han creado 17, en diferentes capitales de provincia.

"La Administración simplemente atribuye a juzgados ya existentes las funciones de violencia de género, con lo que lo único que se consigue es colapsar aún más unos juzgados como los de instrucción o primera instancia", dijo Hernández.

Además, critica la "falta de adecuación de las oficinas", en las que no es posible una separación entre agresor y víctima; la "falta de vigilancia y seguridad" en los juzgados, y la ausencia de formación de los funcionarios de la Administración de Justicia que tendrán que trabajar en estos casos.

Estas insuficiencias son aún más graves, según Javier Hernández, "teniendo en cuenta la indefensión de estas víctimas y de los menores implicados".

ATASCOS

La secretaria de Política de Género del sector de Administración de Justicia de la FSAP-CCOO, Carmen Barrio, incidió en que, a pesar de que se ha afirmado que los nuevos juzgados "ponen fin al peregrinar de la víctima de un tribunal a otro", en la práctica no será así. "Los nuevos juzgados sólo estarán abiertos en horario de audiencia. Fuera de esas horas, habrá que acudir a los juzgados de guardia", indicó.

Tras afirmar que "se ha insistido en que estos nuevos juzgados no implican una nueva jurisdicción, sino que un juez de instrucción conocerá en estos casos", agregó que, en realidad, este juez no se ocupará exclusivamente de materia penal (como corresponde a un juez de instrucción), sino también de la materia civil que está relacionada con el caso, lo que "prácticamente supone una nueva jurisdicción" y, de nuevo, "provocará atascos, dado que no van a ampliarse las plantillas".

De ahí que CCOO reivindique, según recalcó Javier Hernández, la necesidad de negociar las condiciones de trabajo de los funcionarios y trabajadores de estos juzgados, que verán con frecuencia "cómo sus tareas se multiplican y sus horarios se prolongan".

Por otro lado, los representantes de CCOO afirmaron que la falta de equipos técnicos (psicólogos, asistentes sociales, educadores, etc.), sólo presentes en los 17 juzgados que se han creado expresamente para atender casos de violencia de género, tiene como riesgo la posible privatización de estos servicios.

Comisiones rechaza frontalmente esta posibilidad, dado que se trata de "una responsabilidad de la Administración Pública" y dada la necesidad de que este equipo trabaje directamente con el juez que se ocupe del caso.

Sin embargo, y a pesar de "la imprevisión y falta de negociación y consenso" de la que el sindicato acusa al Gobierno, Carmen Barrio valoró una medida que llega de la mano de la nueva Ley, ya que "a partir de ahora un solo abogado llevará todo el procedimiento relacionado con una víctima. Hasta ahora podía haber hasta cinco o seis, y cada uno se encargaba de una causa distinta (agresiones, divorcio, régimen de visitas, etc)".