Para Vilches, las personas que se han sentido discriminadas por estas medidas, amparándose en los artículos de la Constitución que hacen referencia a la no discriminación por razón e sexo, se olvidan del artículo 9.2, que apunta la necesidad de remover los obstáculos que existan para conseguir la auténtica igualdad de oportunidades.

A juicio de Vilches, este artículo alude fundamentalmente a los poderes públicos, por lo que no le parece extraño que hayan sido un poder local y otro autonómico los que hayan planteado medidas de acción positiva para las mujeres, puesto que cree que deben jugar un papel ejemplificador.

En el caso de Valencia, según CCOO, la convocatoria a parads para la realización de trabajos para el ayuntamiento puntuaba más por ser mujer y era fruto del consenso con los sindicatos. En el caso de Castilla-La Mancha, el Acuerdo Regional por el Empleo, consensuado también con los sindicatos, da un punto más a las mujeres que soliciten una beca para jóvenes en paro.

Vilches considera que las estadísticas son claras y demuestran que las mujeres son el colectivo con más dificultades para acceder al mercado de trabajo, habiendo casos en los que, a igualdad de frmación, se contrata más a los hombres que a las mujeres. Por ello, cree que es "absolutamente correcto" plantear medidas transitorias que palien las dificultades de determinados colectivos, en este caso el de las mujeres.

La responsable de CCOO explica que la acción positiva es un instrumento que la mayoría de los países de nuestro entorno utilizan para favorecer la igualdad de oportunidades entre sexos, sobre todo cuando después de acuerdos y pactos se sigue constatando que las mujeres son las protaonistas de una menor contratación, despidos por embarazo y precariedad.