Según la central, el 30 por ciento de las confecciones que se comercializan y producen en España proceden de talleres ilegales, en los que los trabajadores, en su mayoría mujeres, no cobran lo estipulado ni cumplen los horarios máximos legislados. Además, agregaron los representantes e la federación, entre el trabajador y la empresa no media contrato laboral alguno.

La Federación Textil de CCOO afirma que las principales cadenas y marcas comercializadoras de prendas de vestir se nutren de la producción de pequeños talleres, en su mayoría localizados en pueblos.

Entre las marcas citadas por el sindicato, Liberto y Levis Strauss producen más del 70 por ciento de sus prendas en talleres no legalizados que operan en sistemas de economía sumergida.

Asimismo, las empresas que ienen las exclusivas de confección de las grandes cadenas, como El Corte Inglés o Cortefiel, según el sindicato, obtienen parte de sus acabados mediante contratas irregulares.

La federación sindical realizó estas denuncias durante el acto de presentación de su III Congreso, que a partir de mañana y hasta el próximo sábado se desarrollará en Fuengirola (Málaga). La erradicación de la economía sumergida será una de las principales propuestas del congreso.

Según la central, el 40 por ciento de las epresas del sector que funcionan en España practican la economía sumergida, habiéndose demostrado en los últimos años un mayor crecimiento, ya que la facturación ha aumentado, siendo menor el número de empresas legales.

Esta situación de ilegalidad se acentúa de forma especial en Andalucía, donde más del 70 por ciento de los centros de producción no se han dado de alta en los organismos competentes.

Según manifestó el secretario general de la federación, Juan Pedro García, "hace un par de años la sociación de cooperativas andaluzas de confección textil presentó un informe a la Junta de Andalucía en el que se detallaba el auge de la economía sumergida y llegaron a amenazar al Gobierno autónomo de pasar todas las cooperativas a la ilegalidad, si no tomaba cartas en el asunto".

"Sin embargo", continuó el secretario general, "la Junta ha dado como respuesta el silencio, e incluso dice que hay que hacer la vista gorda con este tipo de economía sumergida".

Pese a que la Comunidad Autónoma de Analucía es la más afectada por este tipo de economía ilegal, "con diferencias políticas todos los gobiernos evitan regular el sector. Incluso los inspectores de Trabajo saben dónde están estas empresas, pero nadie hace nada por evitarlo", según Juan Pedro García.