CCOO adoptó esta decisión después de comprobar cómo la mayoría de los puntos por el que el Patrimono del Estado vendía la industria a Benorve y Benservice no han sido cumplidos.

Para la operación de venta, el Patrimonio del Estado encrgó a la empresa pública Improasa (sociedad anónima asimilada por el Estado tras la expropación de Rumasa) un informe que avalaba a los actuales propietarios.

El estudio emitido aseguraba que las industrias italianas pertenecían a la multinacional textil Benetton. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que la única relación que Benorve y Benservice tiene con Benetton es la concesión de explotación de algunas de sus tiendas exclusivas.

CCOO aseguró que el presidente de Improasa en 199, José Miguel Moreno García, mantenía excelentes relaciones con el abogado marbellí José Manuel Muñiz Jiménez, desde cuyo despacho se tramitó toda la acción de compra-venta y que, con posterioridad, fue nombrado secretario de la junta general de accionistas de Intelhorce.

Moreno García fue despedido de la empresa en marzo de este mismo año, según el sindicato, cuando comenzaron las protestas y denuncias por la actual situación de la factoría textil.

Al mismo tiempo, Miguel Angel Herrera Chamorro que ocupaba el cargo de subdirector general de Patrimonio del Estado, fue cesado en sus funciones.

Benorve y Benservice tenían el 14 de julio de 1989, fecha en la que se realizó la venta, un capital social de 10 millones de pesetas, que fue ampliado con 200 millones más, gracias a un préstamo concedido por una entidad bancaria de Gibraltar.

Los hermanos Mario y Giovanni Orefici, propietarios de las industrias italianas, se comprometieron en el contrato de compra-venta a mantener la titularidad d las acciones de la sociedad durante 4 años y la plantilla durante 3 años.

El Consejo de Ministros aprobó la venta de Intelhorce en 2.000 millones de pesetas, a pagar en 3 plazos en intereses a partir de julio de este año.

Previamente, el Gobierno acordó también una ampliación de capital de 5.869 millones para el saneamiento financiero y la compra de maquinaria, ampliación que no podía dedicarse a otros menesteres que los puramente expresados por el Consejo de Ministros.

En el contrato de copra-venta también figuraba la obligatoriedad y la ampliación de capital social, una vez en manos de las industrias italianas, por valor de 2.000 millones, de los que un 25 por ciento eran aportados por sus actuales porpietarios.

Sin embargo, según CCOO, los actuales rectores de Intelhorce no han hecho frente al primer pago (300 millones de la compra), que debía haberse efectuado el pasado mes de julio, ni hicieron la ampliación de capital social de 2.000 millones de pesetas.

En los distintos plans de viabilidad presentados por los hermanos Orefici se ha contemplado también la reducción de plantilla con la presentación de expedientes de regulación de empleo.

Esta circunstancia hace pensar a la central sindical que los actuales propietarios de la empresa no han pagado todavía "ni una sola peseta por tener la factoría".

AUDITORIA

Los rectores de Intelhorce solicitaron una auditoría propia a la empresa Deloitte y Touche, que demuestra irregularidades en la gestión de la empresa, siempre seún el sindicato.

Esta auditoría, a la que tuvo acceso CCOO, sólo la poseían los hermanos Orefici y Patrimonio del Estado.

El diputado de IU por Málaga Antonio Romero solicitó el mes pasado en el Congreso la entrega de la auditoría, sin que hasta el momento haya recibido contestación alguna.

El informe de Deloitte y Touche reconoce la falta de determinadas existencias por valor de 162 millones de pesetas. En los libros de contabilidad existentes se recoge que las existencias se encuentran depsitadas en un almacén de Madrid que, según los sindicalistas, no existe.

Asimismo, no se ha realizado ninguna provisión por depreciación de existencias, soportando este capítulo una pérdida de 427 millones de pesetas.

Intelhorce ha prestado distintas cantidades a empresas cercanas a Orefici, según las mismas fuentes, sin intereses ni plazos de amortización. Tampoco se han hecho efectivas las deudas con la Seguridad Social (646 millones) ni con Hacienda en concepto de IRPF e IVA, por valor de 353 illones.

Según la central sindical, los datos de la auditoría no recogen los gastos generados en el presente año. "Si se diera a conocer la auditoría sería de escándalo", afirmó Francisco Gutiérrez, secretario general de CCOO en Málaga.

La deuda total generada por Intelhorce desde que en 1989 fuera comprada por el grupo italiano asciende a 7.000 millones de pesetas, por lo que el sindicato solicitará la depuración penal de todos los implicados en la compra-venta de la entidad.

"Patrimono delEstado tiene que romper el contrato con los actuales dueños, reflotar y después buscar un comprador, porque Intelhorce tiene futuro", declaró Gutiérrez.

El secretario de CCOO en Málaga confirmó que el director general de Patrimonio del Estado, Luis Alcaide, reconoció el pasado 22 de agosto que había sido engañado por Improasa, empresa que certificó que las industrias italianas pertenecían a Benetton.