Según informaron hoy a Servimedia fuentes de este sindicato, la denunci será formalizada el próximo lunes y estará justificada en que la resolución de prohibición se dictó fuera de plazo.

La queja se sustentará concretamente en el Título X de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativo a la responsabilidad de las Administraciones públicas y de sus autoridades.

CCOO entiende que ha habido "negligencia dolosa" por parte del delegado del Gobierno y, por tanto, exige al departamento que dirige Anel Acebes la depuración de las responsabilidades pertinentes, así como la reparación de los daños y perjuicios causados, que la central sindical cifra en un mínimo de 48.000 euros (8 millones de pesetas).

El sindicato también tiene decidido presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que avaló la decisión de Ansuátegui.

El delegado del Gobierno consideró que la manifestación por la Gran Vía de Madrid previa a la cocentración prevista de la plaza de España (y sí celebrada) supondría un serio colapso para el tráfico en la capital.

La Plataforma de Defensa de la Escuela Pública, convocante de la protesta, atribuyó la prohibición a un intento del Ejecutivo de acallar las voces críticas con la Ley de Calidad, y recordó que el mismo recorrido fue consentido hace ahora un año con la marcha estatal a Madrid contra la Ley de Universidades (LOU).