Los recortes, decididos por la consejería de Integración Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), contrastados por esa central sindical con equipos de trabajadores sociales, podrían estar afectando entre 2.000y 5.000 unidades familiares en situación de necesidad.

La disminución del presupuesto destinado al pago de esa prestación podría situarse entre los 55 y 100 millones de pesetas mensuales.

En opinión del sindicato, las medidas adoptadas por la comunidad madrileña, como exigir el empadronamiento a los solicitantes, dificualtan "notablemente" la incorporación al IMI de familias de étnia gitana y de aquellas que sobreviven gracias a actividades económicas marginales.

El pasado 16 de junio, un grpo de vecinos del barrio de San Fermín, en el distrito madrileño de Usera, denunciaron esa misma decisión de la Consejería de Integración Social de la CAM.