Con esta privatización, según un comunicao de la organización sindical, el Gobierno de Ruiz-Gallardón "da un golpe bajo al acuerdo marco para apoyar la estabilidad y la calidad del empleo".

Además, aseguró el sindicato, se pone en manos privadas la circulación de datos confidenciales de contribuyentes con el riesgo de generar negocios privados de inmobiliarias y sociedades de tasación.

También indicó que los concursos que se están sacando "además de elegir unas fechas un tanto espureas lo hacen por la vía de urgencia, es decir, con pocatrasparencia y cierta opacidad" y que se pone a disposición de los adjudicatarios la infraestructura pública, con lo que "las empresas `amigas' del Gobierno de la derecha regional pueden hacer un negocio redondo".

Finalmente, CCOO exigió la retirada de los concursos y la apertura de negociaciones para llevar a cabo estos servicios con personal y gestión de la Administración autonómica.