CCOO DENUNCIA QUE LA POLICIA ENGAÑO A UN INSUMISO PARA DETENERLE, DICIENDOLE QUE SU PADRE ESTABA GRAVEMENTE ENFERMO
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El insumiso Pedro Canales, de 24 años, fue detenido hoy en el Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, donde acudió tras ser avisado por la policía de que su padre había ingresado allí gravemente enfermo, según denunció Comisiones Obrers (CCOO). La Jefatura Superior de Policía desmintió tajamente la versión facilitada por el sindicato.
CCOO afirma que la policía utilizó este truco para arrestar al joven en cuanto llegó al centro sanitario con el fin de interesarse por el estado de salud de su padre, que en realidad no estaba hospitalizado.
Por su parte, fuentes de la Jefatura Superior indicaron a Servimedia que el joven fue detenido en la calle Ibiza por funcionarios de la comisaría de la Estrella que le reconocieron mientras ralizaban un servicio para prevenir los "tirones", ya que sobre él pesaba una reclamación judicial.
Sobre las diez y media de la mañana, se recibió una llamada telefónica en el Instituto Quevedo, donde Canales trabaja en el servicio de limpieza, informando de que su padre había sufrido un accidente, según declaró el conserje del inmueble.
Según CCOO, al llegar al hospital, agentes de la comisaría de la Estrella y de San Blas lo detuvieron y, posteriormente, fue ingresado en la prisión militar de Acalá. El responsable de la dependencia de San Blas negó a Fausto Canales, padre del joven, que ellos realizasen la llamada telefónica.
Pedro Canales se declaró insumiso hace un año, después de haber pedido varias prórrogas para retrasar su ingreso en filas. Desde entonces, ha participado en diversos actos de protesta contra la realización del servicio militar obligatorio.
El 20 de febrero pasado participó en una concentración delante del Gobierno Militar de Madrid y al mes siguiente los alumnos dl Instituto Quevedo impidieron que fuese arrestado por tres inspectores de policía que fueron a buscarle.
Los estudiantes del instituto, ubicado en el barrio de San Blas, no dejaron pasar a los funcionarios, pese a que portaban un oficio del juez togado militar número 13 de Madrid.
En esa ocasión, la entonces delegada del Gobierno, Ana Tutor, ordenó la retirada de los agentes, ante la petición del secretario de Estado de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba, que actuó de intermediario en el conflico.
(SERVIMEDIA)
05 Nov 1991
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