Para el sindicato, el retraso no está justificado, ya que l ministerio ha dispuesto de tres años para elaborar la normativa que debe trasponer al ordenamiento jurídico español la directiva europea.

El plazo de trasposición fijado por la UE finalizó el pasado 30 de octubre, motivo por el cual el sindicato ha presentado la queja ante las instancias europeas. La Comisión iniciará un procedimiento que podría finalizar en una sanción al Gobierno español.

Además, la Comisión Europea ha advertido a los Estados miembros de que si no respetan la legislación comuitaria podría haber retrasos en el desembolso de los Fondos Estructurales.

La directiva IPPC establecerá unas exigencias ambientales a determinados sectores industriales para que controlen sus emisiones y utilicen las tecnologías menos contaminantes disponibles en el mercado.

De las 3.000 empresas españolas a las que afectará la directiva, el 47 por ciento pertenecen al sector minero y al químico, el 22 por ciento al agroalimentario, el 16 por ciento al de residuos y el 15 por ciento al textil y l de combustión.