Para la central, existe un grado de "inhibición" de la propietaria de la papelera (el grupo KIO) y una "pasividad" de la Administración.

Según el sindicato, tampoco se ha concedido el crédito comprometido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), "a pesar de que el plan de inversiones presentado ha sido auditado por empresas externas con un dictamen que señalaba su carácter positivo".

Asegura que sólo se han cumplido los aspectos referenes a la reducción de plantilla en más del 20 por ciento y a la moderación salarial.

Esta situación, a juicio de CCOO, pone en peligro la viabilidad de una empresa que ocupa a más de cuatro mil trabajadores y que opera en un sector en el que nuestro país tiene ventajas competitivas que debe desarrollar.

Sin embargo, señala la mejora de resultados de explotación en 1993, "gracias al esfuerzo de los trabajadores, que contrasta con la inhibición de los propietarios sobre el futuro de la empresa y la asividad de la administración".