CCOO considera que estas acciones suponen un intento de intimidación y una vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores. En un comunicado, el sindicato ha señalado que esta situación genera un clima de tensión y hostilidad dentro de la empresa, obstaculizando el ejercicio democrático de los derechos sindicales.

El conflicto entre acusaciones por supuesta falta de transparencia en la gestión de TAIGUA, particularmente en relación con la transferencia del suministro de agua en alta al ente ATL. Consideran que este proceso, previsto para principios de 2025, se habría llevado a cabo sin informar adecuadamente a la plantilla, lo que ha generado preocupación y malestar, especialmente entre los trabajadores del centro de Abrera, que representan el 20% de la plantilla total.

El pasado 27 de noviembre, durante las elecciones sindicales, el gerente de TAIGUA envió un escrito a los integrantes de la mesa electoral advirtiéndoles sobre posibles represalias legales y laborales si atendían una reclamación presentada por CCOO. Este hecho ha sido descrito por el sindicato como una acción intolerable que debe ser sancionada con la misma severidad que se aplicaría a cualquier otro trabajador de la empresa.

CCOO ha solicitado la intervención del Ayuntamiento de Terrassa, propietario de la empresa, para que tome cartas en el asunto y garantice el respeto a los derechos laborales. El sindicato ha insistido en que las actuaciones del gerente deberían tener consecuencias disciplinarias proporcionales a la gravedad de los hechos.

A seis años de la remunicipalización del servicio de agua en Terrassa, CCOO lamenta que las promesas iniciales de mejorar las condiciones laborales y el servicio no se hayan cumplido. El sindicato denuncia problemas como la falta de formación, la insuficiencia de recursos humanos, la desinversión en infraestructuras y la ausencia de un diálogo honesto y transparente entre la dirección y los trabajadores.

Para CCOO, estas deficiencias no solo afectan a los trabajadores, sino que también ponen en riesgo los objetivos de la remunicipalización, dejando en duda su capacidad para cumplir con las expectativas generadas en la ciudadanía.