En un comunicado, los sindicatos admiten que la citada ley es progresista y pretende abordar el problema social de la violencia de género, pero que "las escasísimas medidas tomadas por el Gobierno para su puesta en funcionamiento, tanto en los aspectos estrictamente judiciales como en las necesarias medidas de prevención, laborales, educativas, sociales o policiales, la convierten en poco más que pura propaganda".

A su juicio, de los 421 Juzgados de Violencia de Género que el Gobierno anunció que se iban a crear, el Ministerio de Justicia sólo crea dos juzgados -uno en Murcia y otro en Palma de Mallorca-, mientras que las comunidades autónomas con competencias transferidas crean 12 juzgados; por lo tanto, frente a la previsión de la ley, no se crean 407 de los juzgados anunciados.

Para CCOO y CSI-CSIF, "lo que la Administración pretende, engañando a la ciudadanía, es atribuir a un juzgado ya existente las funciones de Violencia de Género, con lo cual lo único que se consigue es colapsar aún más unos juzgados como los de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción que, en general, sufren una ya inadmisible situación de saturación y atasco, toda vez que vienen sufriendo la sobrecarga que supuso la implantación de los llamados 'juicios rápidos'".

Otro problema denunciado por los sindicatos es la falta de adecuación de las oficinas, ya que la inmensa mayoría de los juzgados carecen de unas instalaciones adecuadas y carecen de locales para permitir la separación entre agresor y víctima.

Asimismo, denuncian la falta de seguridad en los juzgados y las graves carencias en la vigilancia, así como la inexistencia de negociación y formación.