El representante sindical se refirió en concreto a la Comunidad Autónoma de Canarias, que a u juicio debería gestionar las prisiones en el archipiélago, "al igual que se debería hacer en el resto del Estado, ya que debe ser la sociedad canaria quien decida sobre las necesidades penitenciarias de su comunidad".

Gutiérrez defendió que el Estado transfiera a las comunidades autónomas las competencias penitenciarias, ya que "se justifican por una realidad social".

Además, se pronunció en contra de los grandes centros penitenciarios que, a su entender, "favorecen el hacinamiento y la mala renserción de los reclusos". A su juicio, cada centro debería tener una capacidad máxima de 350 internos.