Según las estimaciones del sindicato, las deslocalizaciones en estos dos compañías podrían traducirse en el despido de aproximadamente 6.000 trabajadores.

El sindicato critica que el Ministerio de Industria conceda licencias públicas a empresas que "aprovechan las infraestructuras del Estado español y generan su negocio gracias al dinero de los consumidores españoles", y después "pretenden llevarse los puestos de trabajo que genera su actividad a otros países".

En el caso de Orange, el sindicato recuerda que pertenece al grupo France Telecom, donde el Gobierno galo participa con más del 30%. Por este motivo, exige la apertura de negociaciones entre la empresa y los Ejecutivos español y francés.

CCOO advierte que esta "fuga de empresas" es el "pistoletazo de salida de un problema que en el futuro afectará a las más de 50.000 personas que trabajan en el sector".