En opinión de CCOO, esta experiencia, que ya se intentó en 1985 con la Ley de Extranjería, puede fracasar igual que entonces por lo que solicitó hoy a la Administración que no sólo se limite a documentar legalmente a los inmigrantes si no que reconozca sus derechos, condiciones de vida y trabajo, y las prestaciones sociales.

El sindicato se comprometió a seguireste proceso y realizar un seguimiento de su desarrollo, al tiempo que pidió a todos los inmigrantes que participen en él.

CCOO esperará a conocer íntegramente el texto de la orden ministerial para promover junto a la Unión General de Trabajadores (UGT) una acción unitaria sobre el tema.

El Gobierno acordó ayer facilitar la legalización de las personas que viven de forma ilegal en nuestro país empleando los criterios de antigüedad de residencia y la solidez de su situación laboral, que muchas vecs es difícil de demostrar debido a que la mayor parte de ellos trabajan en la economía sumergida.

Los colectivos de inmigrantes ya han manifestado su intención de colaborar con el Ejecutivo, pese a no estar del todo de acuerdo con los preceptos de la ley.