Gómez fue el gestor de la quiebra de la cooperativa de viviendas PSV, de UGT. Fruto de dicha quiebra, el sindicato que lidera Cándido Méndez tiene en la actualidad una deuda contraída con el Instituto de Crédito Oficial que asciende a 151 millones de euros, que incluyen principal más intereses. El crédito recibido del ICO está avalado por el patrimonio acumulado del sindicato.

El secretario general de CCOO, José María Fidalgo, compareció en rueda de prensa para presentar la resolución aprobada por unanimidad por la Comisión Ejecutiva Confederal de su sindicato.

En la misma se califica de "deliberadamente oscurantista" y "no conforme a los mínimos hábitos democráticos" el procedimiento del Gobierno para aprobar el decreto, y se critica que no se hubiese requerido la opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Patrimonio Sindical.

Además, CCOO no ve las razones de "extraordinaria y urgente necesidad" aducidas por el Gobierno para aprobar el decreto, "salvo que se persigan fines espurios o inconfesables, derivados de la actual configuración del mapa sindical de nuestro país, o la rápida deslegitimación del movimiento sindical".

Detrás de esta frase se esconde la celebración del grueso de las elecciones sindicales en 2006. También se critica el momento elegido, en pleno proceso de negociación de la reforma laboral, que el decreto "contamina" y "extiende un velo de duda sobre la imprescindible legitimación social que dichos procesos requieren".

VALERIANO GOMEZ

Pero el punto más duro es el cuarto de la resolución en el que, sin citarle en ningún momento, CCOO arremete con particular dureza contra el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez.

"Queremos llamar la atención sobre la irregularidad y falta de respeto a cualquier principio ético que representa el hecho de que el principal gestor de la quiebra económica relacionada con este hecho (en referencia al caso de la PSV), sea uno de los impulsores de la media que criticamos y el más directo responsable en representación del Ministerio de Trabajo de la negociación que sobre la reforma laboral se está desarrollando", añade CCOO.

Gómez, explicó Fidalgo, "conoce desde el principio este proceso" y fue quien abogó por avalar el crédito del ICO con un patrimonio "desconocido, incalificable y valorable", y ahora está en el equipo "que lo califica y valora".

Preguntado por si el secretario general de Empleo podría haber incurrido en un delito de prevaricación, Fidalgo remarcó que "no he pensado nunca" en ello, y se limitó a señalar que "he censurado la actitud de una persona".

CCOO "exige la retirada de dicho Real Decreto" y reclama a las fuerzas políticas que creen una comisión en el Parlamento que estudie "fehacientemente" la titularidad del patrimonio histórico y permita alcanzar una "solución definitiva que esté tan alejada de cualquier veleidad deslegitimadora como de cualquier arbitrariedad".

Comisiones Obreras justifica su posición y afirma que "siempre ha defendido la devolución de los bienes incautados a sus legítimos dueños", pero que lo que no comparte es el proceso seguido, y así se lo ha trasladado al Gobierno y a la propia UGT.

Fidalgo explicó que, el pasado día 2 de noviembre, el propio Valeriano Gómez habló con un miembro del Secretariado Confederal de CCOO para informarle del decreto aprobado días antes por el Ejecutivo.

Un día después, tras pedir una reunión con el ministro, CCOO se vio con el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, quien les expresó la negativa del Gobierno a retirar el decreto. Su "receptividad fue nula", sentenció el líder de CCOO.

NO CONTRA UGT

Fidalgo explicó que CCOO se reserva "cuantas acciones jurídicas estén a su alcance" para frenar este decreto, aunque admitió que el sindicato no está legitimado para acudir al Tribunal Constitucional, "pero pueden existir otras acciones".

El líder de CCOO aseguró que con esta resolución aprobada hoy "queremos censurar al Gobierno, no a nadie más", y "seguiremos defendiendo la unidad de acción" con la UGT.

Fidalgo trasladó el pasado día 2 a Cándido Méndez su rechazo a la decisión que había adoptado el Gobierno, pero que le dejó claro que su sindicato no estaba contra la UGT.

"Distinguimos perfectamente entre el Gobierno y la UGT, aunque el Gobierno sea del PSOE", incidió Fidalgo. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, resaltó en el último Congreso de la UGT que tenía en el cajón de su mesilla de noche el carné del sindicato ugetista.

CCOO emprenderá ahora una ronda de reuniones con los partidos políticos con representación parlamentaria para pedirles que rechacen la convalidación del decreto aprobado por el Ejecutivo.