En un estudio realizado por este sindicato, CCOO de Madrid afirma que no es cierto que en la región madrileña haya escasez de suelo calificado como urbanizable y culpa ala especulación con terrenos del fuerte aumento del precio de las viviendas, oficinas e industrias.

CCOO asegura discrepar "con la derecha política y económica del país, que atribuye la especulación inmobiliaria a la escasez de suelo calificado como urbanizable para Madrid y que propone para solucionar el problema la recalificación masiva de terrenos rústicos".

Para Comisiones, la especulación inmobiliaria se ha debido fundamentalmente al carácter preconstitucional de la Ley del Suelo, que, a su uicio, ha atribuido el protagonismo de "hacer ciudad" a los propietarios del suelo.

Según los responsables de este sindicato, es necesario adaptar la normativa sobre el suelo a la Constitución, otorgando el protagonismo a los poderes públicos.

CCOO insiste en que la solución a los problemas ocasionados por la especulación inmobiliaria pasa necesariamente por reformar la legislación del suelo, garantizando que el suelo cumple su función social, que es la de permitir el ejercicio de los derechos báicos de los ciudadanos referidos al acceso a un puesto de trabajo, a una vivienda digna, a la sanidad, a la educación y a un medio ambiente libre de contaminación.

Por ello, Comisiones considera que la nueva Ley del Suelo debe garantizar que las decisiones sobre las ciudades y pueblos respondan a necesidades reales y no a operaciones especulativas.

Además, esta nueva legislación debe garantizar, a juicio de CCOO, que exista oferta de suelo directo, sin intermediación especulativa, para usos residnciales, industriales y terciarios, y que los propietarios del suelo sufraguen la totalidad de los costes de urbanización en sus terrenos.

Para conseguir estas garantías, CCOO insiste en la necesidad de aprobar una Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que atribuya a los poderes públicos todas las facultades de planeamiento y gestión del urbanismo, declarándolas un servicio público atribuido a los ayuntamientos y a la comunidad autónoma.