Para la Federación de Banca del sindicato, la existencia de los coeficientes hasta el año 2003 debilita más de lo que ya lo están las inversiones del sistema crediticio.

Como ejemplo de ese efecto nocivo que produce la normativa del Banco de España, CCOO cita el caso de las inversiones destinadas por el conjunto del sistema financiero al Plan de Vivienda, en las que estaca que la banca sólo aportará 30.000 millones de pesetas de los 440.000 previstos para 1992, la misma cantidad que la Caja Postal y siete veces menos que el conjunto de cajas de ahorro.

Según Comisiones, el adelanto en la supresión de los coeficientes no debe hacerse sin medidas paralelas que eviten un aumento de los riesgos del sistema financiero y garanticen el mantenimiento de las inversiones industriales.

Para los responsables de la central, "una de las condiciones sería la creación, con argo a una parte de las cantidades liberadas, de líneas de crédito a bajo interés y largo plazo para inversiones productivas, radicación de industrias, renovación de capital fijo y apoyo a las exportaciones".

Estas líneas crediticias especiales deberían ser preferentes para las actuaciones empresariales localizadas en zonas y sectores definidos de común acuerdo por la Administración y los sindicatos.

La otra condición de CCOO para acortar las amortizaciones de los coeficientes sería el incrementodel 3 al 4 por mil en las aportaciones de la banca al Fondo de Garantía de Depósitos, al tiempo que pasen a garantizarse los primeros 2 millones de cada titular depositante, frente al mínimo de 1,5 fijado en la actualidad.

Los dirigentes de banca del sindicato aseguran que su posición pretende ser coherente con los problemas de captación de depósitos de que adolece el sistema financiero español y la utilidad que tiene el modelo actual de coeficientes para financiar parte del déficit público.

Segú las previsiones manejadas por la central, los depósitos sólo aumentarán en 1992 en torno al 2 o el 3 por cien, cifra muy inferior a la subida prevista para los costes financieros que soportan las entidades, lo que obliga a las entidades a reducir sus riesgos inversores para mantener los dividendos en sus cuentas de resultados.