En el comunicado, la central sindical expresa su apoyo al profesorado "injustamene" atacado por algunos medios de comunciación y por la propia presidenta de la Fapa de Móstoles, Ana María Rodríguez, ya que, las normas de convivencia en el colegio María Montesori han sido apoyadas por los padres miembros del Consejo Escolar.

Asimismo, denuncia también a la Subdirección de Educación y Ciencia de la zona sur de la capital de España por su actuación en este tema cuando las normas citadas son mucho más blandas que las contempladas en el Real Decreto que regula los derechos de los estudantes, que llegan hasta la expulsión del centro, Real Decreto al que sólo nos oponemos los estudiantes y CCOO.

Comisiones Obreras rechaza, una vez más, la actuación de los representantes del Ministerio de Educación y Ciencia, quienes se arrugan frente a la Fapa y mantienen una situación de complicidad, por la que la Fapa obtiene victorias populistas en temas no decisivos y, a cambio, estos no son abordados con firmeza, como por ejemplo la supresión de unidades, y la escolarización de los niños de 3, 1 y 15 años.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de la localidad madrileña de Móstoles, calificó de "salvaje" el contenido de la circular distribuida el martes pasado entre los alumnos de sexto, séptimo y octavo cursos por el equipo de profesores del colegio María Montesori, centro de integración al que acuden también niños con discapacidades.

El comunicdo recogía unas normas que deben respetar los alumnos y que se refieren al comportamiento en el centro. "Las subids se hacen directamente a la clase y no se permite que ningún alumno se dirija a cualquier otro espacio del centro, incluidos los servicios", o "ni durante, ni entre clase y clase se permite al alumnado hacer uso de los servicios salvo en casos de extrema necesidad y con permiso del profesor", son algunas de las normas cuyo incumplimiento suponen entre uno y dos puntos de "penalización".

La Fapa manifestó que haría llegar la carta al Ministerio de Educación y Ciencia "porque estas normas responden al alante de los profesores".

Su presidenta definió como "estado policial" la situación del colegio, "donde cada niño debe presentar su cartilla a todo el que se la pida", y señaló que "es ilegal" por ir en contra del Real Decreto sobre derechos y deberes de los alumnos.